Narrativa y ficción
Criminalizar la protesta, despojar la educación
Una Columna de Colectivo Mar y Cueca sobre la violencia policial e institucional ejercida sobre les estudiantes y las garantías del derecho a protestar.
En Chile, la protesta estudiantil —herencia viva de décadas de luchas por una educación digna y transformadora— enfrenta hoy un escenario cada vez más hostil. La criminalización del movimiento estudiantil no es nueva, pero se ha intensificado con prácticas policiales que rozan lo inconstitucional y una retórica oficial que asocia, sin matices, al estudiante con el lumpen, el vandalismo y las fuerzas de izquierda, en una mezcla peligrosa que pretende justificar la represión y el silenciamiento.
Las imágenes de carros lanzaagua, lanzagases y fuerzas especiales apostadas frente a liceos emblemáticos, escuelas públicas y centros educativos son ya parte del paisaje cotidiano. Esa "normalidad" impuesta, donde niñas, niños y adolescentes deben ingresar a clases entre cordones policiales, helicópteros y barricadas institucionales, rompe con cualquier noción de bienestar y dignidad educativa. ¿Cómo se puede enseñar o aprender en un espacio sitiado? ¿Qué subjetividades se forjan cuando el uniforme que debe cuidar, violenta? Cuando la infancia y la adolescencia son vistas como amenazas.
La comunidad estudiantil no solo exige mejores condiciones materiales: exige ser reconocida como sujeto político. Sus demandas por una educación pública, laica, no sexista y de calidad, son traducidas por autoridades municipales y ministeriales como actos de desorden, cuando en realidad son ejercicios fundamentales del derecho a la protesta.
El derecho internacional, en particular la Convención sobre los Derechos del Niño y diversos tratados suscritos por Chile, protege explícitamente el derecho de niños, niñas y adolescentes a la participación política, a la libertad de expresión y a manifestarse sin temor. La defensa de estos derechos recae no solo en el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), sino también en la Defensoría de la Niñez, que tiene el deber legal y ético de intervenir ante vulneraciones sistemáticas como las que hoy observamos.
La prensa, por su parte, lejos de cumplir su rol fiscalizador, reproduce discursos hegemónicos que criminalizan. Titulares que estigmatizan a estudiantes como "violentos" o "delincuentes" responden a una lógica de control social: encuadrar el disenso dentro de márgenes aceptables, invisibilizando los motivos estructurales de las protestas y protegiendo a quienes administran el modelo educativo de mercado.
Desde el Colectivo Mar y Cueca, denunciamos esta estrategia de amedrentamiento y exigimos garantías reales para el ejercicio del derecho a la manifestación. Porque defender la protesta estudiantil es defender el futuro. Porque sin libertad no hay educación, y sin educación, no hay democracia.
