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Lady Sansores: la pirata de Campeche.
Ah, no, "Layda"...
Por Emmanuel Gavira
Hace unos días, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, decretó un día libre para los trabajadores del gobierno estatal tras el triunfo de los Piratas de Campeche en el béisbol. La decisión se anunció como una especie de premio colectivo y un gesto de celebración hacia el equipo local, aunque con excepciones en sectores esenciales como salud y seguridad. Sin embargo, la medida levantó polémica porque significó detener la maquinaria administrativa del Estado por un motivo ajeno a las responsabilidades del servicio público.
La decisión de Layda Sansores de regalar un día libre a los trabajadores del gobierno estatal por el triunfo de un equipo de béisbol revela un problema de fondo: se olvida que esos empleados no trabajan para ella, sino para el pueblo. Los burócratas son sostenidos con dinero público y su labor debería estar al servicio de los ciudadanos, no de los caprichos o celebraciones deportivas de la gobernadora. Convertir una victoria deportiva en excusa para suspender funciones esenciales del aparato estatal es un claro ejemplo de cómo se difumina la línea entre lo público y lo personal en la política mexicana.
Además, esta medida manda un mensaje preocupante: que el uso de recursos humanos del Estado puede acomodarse a los impulsos emocionales de la mandataria. Mientras los ciudadanos enfrentan trámites detenidos, servicios ralentizados y necesidades que no entienden de festividades, la administración celebra como si el gobierno fuera un club privado. La gobernadora ignora que el trabajo burocrático es parte del contrato social; suspenderlo por razones banales es, en cierto modo, una falta de respeto hacia quienes dependen de esos servicios.
El problema no es el béisbol ni la alegría del triunfo de los Piratas, sino la forma en que se tuerce la lógica del servicio público. Los trabajadores del Estado no son empleados de Layda Sansores, son empleados del pueblo de Campeche, y cada hora que se interrumpe injustificadamente su labor es tiempo que se le arrebata a la ciudadanía. Este tipo de decisiones no sólo trivializan la función gubernamental, sino que exhiben una peligrosa tendencia a gobernar con base en ocurrencias, más pendientes de ganar simpatías que de cumplir con la responsabilidad constitucional de servir a la gente.
