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Corte Suprema de EE.UU. dice que Gobierno de Trump debe "facilitar" el regreso del hombre deportado por error a El Salvador
El regreso del hombre deportado por error a El Salvador
Por César Saldaña
La Corte Suprema requirió este jueves que la administración del presidente Donald Trump “facilite” el regreso de un hombre de Maryland deportado por error a El Salvador, pero no llegó a exigir al Gobierno que lo devuelva a Estados Unidos.
El alto tribunal dijo que la administración debe intentar devolver a Kilmar Armando Abrego García, un ciudadano salvadoreño que fue deportado el 15 de marzo. Dijo que parte de la orden del tribunal inferior que requería que el Gobierno “efectuara” su regreso era poco clara y necesitaba una revisión adicional.
El tribunal no dio a la administración un plazo para cuándo Abrego García debería ser devuelto. La opinión no estaba firmada y no se señalaron disidencias.
Los tres liberales del tribunal no discreparon de la decisión, pero escribieron por separado para argumentar que la apelación de emergencia de la administración Trump debió ser denegada en su totalidad.
La jueza Sonia Sotomayor señaló a la administración una política existente del poder ejecutivo que establece que el Gobierno federal debería “facilitar el regreso de un extranjero a Estados Unidos si… la presencia del extranjero es necesaria para continuar con los procedimientos administrativos de expulsión”.
La declaración de Sotomayor criticó al Gobierno de Trump por desestimar la remoción errónea como un “descuido”, en lugar de “apresurarse a corregir su error atroz”.
“El Gobierno ahora solicita una orden de esta Corte que le permita dejar a Abrego García, un esposo y padre sin antecedentes penales, en una prisión salvadoreña sin ninguna razón reconocida por la ley”, dijeron ella y los otros liberales. “El único argumento que el Gobierno ofrece en apoyo de su solicitud, que los tribunales de Estados Unidos no pueden otorgar alivio una vez que un deportado cruza la frontera, es claramente incorrecto”.
Sotomayor dijo que cuando los procedimientos regresen al tribunal inferior, el juez debería “continuar asegurándose de que el Gobierno cumpla con sus obligaciones de seguir la ley”. Entre esas obligaciones, dijo, se encuentran varias protecciones de debido proceso en el estatuto de inmigración, así como la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura.
